El número de población que ha llegado a la zona de puente El Pescador entre El Hobo y Gigante, sobre pasa las 2.500 personas, dispuestas a estar el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno responda por el daño que la política minero-energética viene causando a la región. La Asamblea permanente continúa a la margen del río y hasta el medio día se ha fijado el tiempo de espera para que el Gobierno Nacional para que atienda las exigencias.
Este es el segundo plazo fijado por la comunidad, ya que el sábado se estuvo esperando al Gobierno, y no llegó; por este motivo se bloqueó la vía nacional que luego de 5 horas fue despejada. La única respuesta de la institucionalidad fue la armada, la petulancia, la imposición, la voz desafiante, amenazante y la estigmatización que la comunidad sufrió de parte de la fuerza pública, por parte del coronel Juan Francisco Peláez y su desmedida fuerza armada y militar que hizo presencia en la zona. “Este señor haciendo gala de la actitud pendenciera y belicosa, propia de un pequeño tirano, reiteró en múltiples oportunidades a la comunidad que estaba siendo rodeada por personal del ESMAD y de la “contraguerrilla” a su mando; esto por no mencionar el hecho de que según él mismo, los helicópteros de guerra, al parecer tipo Black Hawk, que sobrevolaban a las comunidades, estaban en capacidad de hacer desembarcos aéreos de tropa en cualquier momento”.El comunicador Carlos Quesada que ha estado en la zona reconoce los cuatro puntos con los que se exige un escenario de interlocución directa con el gobierno nacional. El primero, es el rechazo a un modelo territorial pensado para satisfacer los caprichos del mercado, aún acosta de desoír las necesidades humanas; como en el caso del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo”, que fue enfáticamente rechazado por indígenas, pescadores y campesinos desterrados, por cuanto según ellos, éste representa la punta de lanza del ataque de las multinacionales a la cuenca alta del rio madre, del rio de la Magdalena.
El segundo, ha estado en los pliegos de peticiones de las comunidades agrarias desde siempre: ¡¡¡queremos tierra!!!, ¡¡¡queremos cuidar, trabajar y vivir la tierra!!! Este grito se oyó en las voces de niños, mujeres y hombres que empuñaban en alto bastones, machetes y por supuesto, una que otra cauchera; voceros de las comunidades campesinas e indígenas indicaron que los vergonzantes índices de concentración de la tierra, ratificados por recientes estudios de organismos internacionales, exigen del gobierno nacional medidas urgentes. Sobre la mesa se puso de presente la necesidad de ampliar los resguardos indígenas, así como la necesidad de constituir zonas de reserva campesina con carácter agroalimentario en la región.
El tercer punto, irónicamente, es el rechazo a la militarización de los territorios, la exigencia de retiro de las bases militares y batallones energéticos que garantizan la “seguridad” de las inversiones extranjeras en el territorio, así como el retiro de TODOS los actores armados de los territorios indígenas y campesinos. Por último, tanto comunidades indígenas como campesinas exigieron su derecho constitucional a la participación y la consulta previa, al tiempo que pusieron de relieve la obligación que tiene el gobierno de obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades antes de cualquier decisión que pueda afectarles, esto particularmente en el marco de la llamada locomotora legislativa de la administración Santos
LA RESISTENCIA PACÍFICA Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL TIENEN ARGUMENTOS: ESA ES SU FUERZA.
La desobediencia civil y la resistencia pacífica están siendo estigmatizadas por el gobierno. La movilización social del Huila está dirigida por la guerrilla afirma el Coronel de la Policía Juan Francisco Peláez: "Los indígenas y campesinos son terroristas", insiste.¿Cuándo los argumentos que han esgrimido las comunidades organizadas en ASOQUIMBO, han sido clandestinas y no legales? ¿Cuándo el ejército o la policía han sido atacados por la resistencia organizada legal y legítimamente? ¿Cuándo las pretensiones de los indígenas del Huila y de Colombia han causado muertes en las filas de los armados? Si acaso llantos; pero los muertos y golpeados de las comunidades víctimas son cientos.
Ya se ha denunciado de manera pública cómo este coronel intimida la población que no está de acuerdo (incluso a los dignatarios del departamento), con su idea de la lealtad al país, es decir los intereses de las multinacionales.
Entendemos que su intención es judicializar el legítimo y legal derecho a la protesta, como lo intenta con el profesor Miller Dussan. El gobierno no busca resolver y asumir sus responsabilidades frente al absurdo del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Por qué se niegan a realizar la Audiencia Pública Ambiental a la que tiene derecho Colombia y las comunidades afectadas?
Esto no amedrenta a las comunidades afectadas organizadas en ASOQUIMBO, ni a los indígenas del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU. La Minga por la Liberación y la Defensa de la Madre Tierra continúa con su consigna:
“Se van las transnacionales del territorio o los sacamos”
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