Neiva Huila, 15 y 16 de septiembre de 2017
Los procesos de resistencia contra el modelo
neoliberal extractivista minero energético expresados en Movilizaciones
Sociales, Consultas Populares y Acuerdos Municipales por la Defensa de los
Territorios y el Patrimonio Ecológico han develado una vez más el carácter
corporativo del Estado Colombiano que pretende liquidar la participación de las
comunidades y las competencias de los entes territoriales “para regular
el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al
ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. (art. 2 Sentencia
445/16 de la Corte Constitucional).
A
raíz de las Consultas Populares de los municipios de Piedras y Cajamarca
(Tolima), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Quindio) y
los Acuerdos Municipales de Pitalito, San Agustín, Timaná, Oporapa, Elias,
Altamira, El Agrado y Saladoblanco en el Huila, Jericó y Támesis en Antioquia y
Doncello en El Caquetá prohibiendo la
minería a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos
convencionales y no convencionales y las hidroeléctricas en sus territorios, el
Gobierno Nacional ha anunciado la presentación de una Ley al Congreso que
garantice la seguridad jurídica y mayores exenciones tributarias para la
inversión y acumulación de capital por parte de las empresas transnacionales a
través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (represas, fracking,
minería, agronegocios, infraestructura) despojando a comunidades de sus
territorios y destruyendo el Patrimonio ecológico y cultural de la Nación.
El gobierno ha iniciado una ofensiva mediática
contra las decisiones de las comunidades no solo desconociendo la Constitución
Política y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional sino los
estudios que han demostrado que las actividades minero energéticas afectan de
manera grave e irreversible la estructura ecológica principal, en sus
componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, e inciden negativamente en
el cambio climático y en la generación de riesgos, tanto a las vidas humanas,
como a la infraestructura vial y de servicios públicos de los municipios, tal y
como ha quedado demostrado en los cuatro libros de la Serie Minería en
Colombia, publicados entre 2013 y 2014 por la Contraloría General de la
República, en las investigaciones adelantadas por PAX Colombia, “El Lado oscuro
del Carbón”, el Centro de Memoria Histórica “La maldita Tierra”, el Informe Represas y Desarrollo la Comisión Mundial de Represas, que plantea que “las grandes represas han alterado significativamente
muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos destructivos, duraderos
en los medios de vida y las manifestaciones socioculturales de decenas de
millones de personas que viven en estas regiones y, en muchos
casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas”, en las Sentencias C-339/02, T-154/13, T-135/13, C-123/14, T-766/15,
C-035/16, C-389/16, T-445/16, T-704/16 y T- 622/16 de la Corte Constitucional,
entre otras.
De igual manera, el Gobierno a nombre de los
Acuerdos de la Habana viene expidiendo Decretos, entre otros, sobre Programas de Desarrollo Rural con Enfoque
Territorial (PDET) y Pagos por Servicios Ambientales -PSA- que es un
instrumento perverso del capitalismo para la explotación, colonizando el clima mediante la
mercantilización de la naturaleza como son los ciclos del agua y del carbono,
al servicio de las transnacionales y del capital financiero internacional. El
Ambiente sano es un derecho no un servicio.
Se trata de Bienes Naturales Comunes Comunitarios como el agua y la
biodiversidad natural y genética. No pueden ser objetos de mercado.
El Encuentro es un espacio de intercambio de experiencias
de movilización, consultas populares, acuerdos municipales contra las
actividades extractivas y de búsqueda de consensos de articulación y estrategias
de movilización social para la defensa del poder Territorial Autónomo y
Soberano y el Patrimonio Ecológico para impedir que las corporaciones
transnacionales y el Estado continuen invadiendo nuestros territorios para
hacer negocios sucios como los de Odebrecht que son apoyados desde entes como
la Fiscalía demostrando que extractivismo, despojo, ecocidio, corrupción, judicialización
de Defensores de Derechos Humanos y del Ambiente y asesinatos de líderes
sociales, están asociados.
Objetivo: Construir una Agenda Común y definir estrategias de
movilización por la Defensa del Poder Territorial Popular contra el modelo
neoliberal extractivista.
Lugar: Neiva, Salón Auditorio “Olga Tony Vidales”
Universidad Surcolombiana. Avenida Pastrana, Carrera 1ª.
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