Comisión Nacional de Seguimiento al P.H Quimbo Camino al Fracaso

Comunicado
12 de abril de 2019

La Comisión Nacional de Seguimiento al P.H QUIMBO fue constituida el 8 de febrero de 2019 e integrada por los delegados del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, ASOQUIMBO y representantes de los afectados (reasentados, no censados, pescadores artesanales entre otros), con el propósito de hacerle seguimiento a las obligaciones incumplidas por parte de ENEL (Emgesa) y el Estado. Su función es garantizar que se cumplan las compensaciones establecidas y se reparen los daños causados para lo cual se priorizaron el programa de vivienda, la restitución de tierras y el censo de afectados.

La primera dificultad consistió en la pretensión del Gobierno Nacional de modificar el objetivo de la Comisión por una supuesta concertación a través de una “alianza público privada”, que implicaba que la ENEL (Emgesa) hiciera parte de la misma; intento que fue rechazado por el Gobernador del Huila y Asoquimbo.

Actualmente la Comisión discute el tema de la restitución de tierras, obligación de la licencia ambiental incumplida de manera intencional.

De acuerdo con la licencia, deben restituirse 5.200 hectáreas de tierra de las cuales 2.700 debieron haber sido compradas por el Ministerio de Agricultura y adecuadas con distrito de riego por gravedad por parte de ENEL (Emgesa).

Según un estudio del año 2010, contratado por la Gobernación del Huila y de ENEL (Emgesa), se identificaron 7.907 hectáreas de tierra aptas para irrigar en los municipios de Gigante, Agrado, Garzón y Altamira demostrando que era posible cumplir la obligación.

Sin embargo de ENEL (Emgesa), con la permisividad de la ANLA, de manera engañosa y fraudulenta presionó a 422 personas de un total de 426 beneficiarias para que a través de la firma de un documento renunciaran a su derecho a las tierras a cambio de una suma entre 25 y 28 millones de pesos que denominaron “capital semilla”.

El documento firmado por los afectados, establece que renuncian en forma total y definitiva a cualquier compensación e indemnización por cualquier otra forma de perjuicio, así como a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pretenda compensaciones o indemnizaciones adicionales.

Gracias a la movilización social y las permanentes exigencias de ASOQUIMBO, se logró la expedición del Decreto 1277 del 2013 el cual establece la creación de un programa de adjudicación de tierras para todas las personas vulnerables víctimas de ENEL (Emgesa) y el Estado, incluidas las 422 personas estafadas por la compañía.

En la Comisión de Seguimiento hemos expresado con preocupación e indignación la “propuesta” de modificar la obligación de adjudicación de tierras que estableció la licencia ambiental y que viene siendo promovida por los delegados del gobierno nacional, el procurador agrario regional y los alcaldes de la zona de afectación, basados en supuestos estudios de ENEL (Emgesa)  en los que se afirma que “de las áreas identificadas, ninguna cumple con especificaciones técnicas, que garanticen la estabilidad y vida útil de un proyecto de adecuación de tierras”.

Hemos denunciado que en realidad se trata de una maniobra de ENEL (Emgesa) para minimizar el valor de los distritos de riego, que se demuestra cuando la empresa  sin un estudio riguroso expresa que “los costos por hectárea según el promedio de inversión con su respectiva proyección de operación y mantenimiento por mes es elevado en la relación costo de inversión inicial ya que según análisis rápido a nivel regional sobrepasa el orden establecido por hectárea a nivel nacional”.

Acudiendo al supuesto de los elevados costos  la ENEL (Emgesa) desconoce que su obligación es la adecuación e implementación de distritos de riego por gravedad en los predios adquiridos por el Estado independientemente del valor de la inversión económica, tal y como quedó condicionado para la aprobación de la Licencia.

Genera desconfianza y desconcierto la iniciativa del Gobierno Nacional y del Procurador Agrario Regional al promover la modificación, cuando su función debería ser la de exigir y adelantar acciones necesarias para el cumplimiento de la obligación e imponer sanciones a la Empresa por la mora y daños generados hasta la fecha.

Advertimos que el accionar de ENEL (Emgesa) para que los afectados renunciaran a su derecho a tierras es irresponsable e inconstitucional y ha contado con el beneplácito e inacción de la ANLA.

Exigimos, como garantía jurídica para los afectados, un pronunciamiento contundente en el próximo ACTO ADMINISTRATIVO que señale la inconstitucionalidad y mala fe de ENEL (Emgesa) y establezca las sanciones de ley por la flagrante violación de la Licencia Ambiental que no sólo afecta a las personas sino al patrimonio económico de los Municipios de la Zona y a todo el Departamento del Huila.

Ante la gravedad del tema, Asoquimbo ha adelantado reuniones con las diferentes entidades del orden nacional (Contraloría, Procuraduría y Agencia Nacional de Tierras) exigiendo el cumplimiento integral de la obligación.

La ANT se comprometió a realizar una visita técnica para inspeccionar las 430 hectáreas de tierra compradas por el INCODER en el Municipio del Agrado, con el fin de elaborar un concepto que permita conocer la condición de dichos predios debido a que se menciona que no tienen disponibilidad de recurso hídrico. De ser así, se debe explicar por qué se realizó dicha compra en detrimento de los beneficiarios y del patrimonial económico del municipio y en contra de los requerimientos establecidos en la Licencia.

Ahora, las entidades del Gobierno afirman que uno de los obstáculos para avanzar en la compra de los predios en el área de inundación de El Quimbo es que esas tierras hacen parte de la zona de reserva protectora de la amazonia categoría C. Con ese argumento nunca debió construirse el PH El Quimbo porque el 95% de las tierras inundadas hacían parte de la misma reserva que fueron sustraídas para el Proyecto.

En conclusión, observamos que al gobierno nacional sólo le preocupa proteger los intereses económicos de ENEL (Emgesa) y no garantizar los derechos de las comunidades y del departamento del Huila, como es su deber.

De realizarse la modificación a la licencia ambiental en materia de tierras, estaríamos ante el fracaso de la Comisión Nacional de Seguimiento y asistiríamos a una frustración más de las víctimas de El Quimbo,  tal y como ocurrió con la audiencia pública ambiental cuando  la ANLA se negó a dar respuesta a las exigencias presentadas por los asistentes  y a la solicitud  unánime de suspender el PH El Quimbo como una condición para el cumplimiento de las obligaciones como la restitución de la actividad productiva y el cumplimiento del nuevo censo ordenado por la Corte Constitucional.

12 de abril de 2019