El espacio es una conquista del Movimiento Ríos
Vivos, producto de las acciones de resistencia de los afectados por las represas
de El Quimbo, Ituango, Sogamoso, Urrá y
Salvajina, quienes han logrado demostrar en escenarios internacionales, como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los proyectos hidroeléctricos los
despojan de sus territorios y los convierten en "Víctimas del
desarrollo".
El pasado 29 de julio se realizó en la ciudad de
Bogotá una reunión entre delegados del Movimiento Ríos Vivos y funcionarios del
INCODER con el objetivo de buscar soluciones a la situación de despojo que
viven las comunidades afectadas por la construcción de proyectos
hidroeléctricos en Colombia, dando como resultado la creación de la “MesaNacional de Tierras para Afectados por Represas”.
Ríos Vivos presentó ante el INCODER una serie de
argumentos y denuncias sobre la forma como los megaproyectos de generación de
energía han causado el desplazamiento de campesinos, jornaleros, arrendatarios,
mayordomos, partijeros, pescadores, mineros artesanales, entre otros que no
eran propietarios de tierras, realizaban actividades productivas ligadas al
mundo rural y fueron sacados a la fuerza de sus territorios para la
construcción de represas.
La principal tarea de la Mesa Nacional será
encontrar un mecanismo o marco jurídico a través del cual las personas y
comunidades que han perdido su actividad productiva a causa de la construcción
de proyectos hidroeléctricos, puedan acceder a tierras y de esta manera
restablecer sus derechos al trabajo y la vida digna. LEA EL ACTA DEL ACUERDO
El INCODER será la entidad del Estado responsable
de liderar el proceso y articular otras instituciones gubernamentales para que
los acuerdos suscritos tengan un alcance real. En tal razón, deberá convocar a
la Mesa Nacional a los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente e
Interior.
Ante la incapacidad del Estado Colombiano para
garantizar y proteger los derechos fundamentales de los afectados por estos
proyectos, se ha solicitado la presencia de la Organización de las Naciones
Unidas para que actúe como mediadora y garante del proceso.
La instalación oficial de este escenario de
concertación será el próximo 25 de agosto a las 9:00 a.m. en la sede nacional
del INCODER en la ciudad de Bogotá, reunión en la que se ha solicitado además la
presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
La reunión tuvo especial énfasis en el caso de los Afectados
por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo dado que aumentan las denuncias por el
inicio del llenado sin previo cumplimiento de las obligaciones de la licencia
ambiental por parte de la multinacional EMGESA.
Delegados de Asoquimbo exigieron la restitución de 5.800
hectáreas de tierras en producción adecuadas con distritos de riego, reclamando
al INCODER que la restitución de tierras que está contemplada sólo incluye a
las personas que han sido censadas por EMGESA.
Asoquimbo insistió en que el Gobierno Nacional no
puede hacer la restitución de tierras para los afectados por este proyecto basado
en un censo amañado y calificado por la Corte Constitucional en su Sentencia
T-135/13 como irregular y poco participativo. También señaló que más del 60% de
los afectados por El Quimbo son sujetos de reforma agraria y no han sido
reconocidos en el censo adelantado por EMGESA.
Por su parte el INCODER en cabeza de Carlos Ignacio
Carmona, Subgerente de Tierras Rurales, presentó un informe sobre sus actuaciones en
el caso Quimbo, señalando que hasta el momento la entidad ha comprado solamente
387 hectáreas de las 2.700 que les corresponde, argumentando que ha sido
imposible encontrar tierras que cumplan con las condiciones necesarias. De la
misma manera señaló que EMGESA no ha aceptado varios predios que se perfilan
para compra debido a que sostienen que en esos terrenos sería difícil realizar
las adecuaciones que les corresponde.
A la reunión asistió, Julio César Triana, Ex
Secretario de Gobierno Departamental del Huila y hoy asesor de la Subgerencia
de Tierras Rurales del INCODER, quien afirmó que la entidad ha constituido un
equipo especial para agilizar el proceso de restitución de tierras a los
afectados por El Quimbo. También señaló que cumplir con la obligación de las
2.700 hectáreas que debe comprar el INCODER será imposible si no se amplía a
por los menos tres municipios más la zona autorizada para la compra de tierras.
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