Asoquimbo exige a Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH la declaratoria de emergencia humanitaria

Con carta a la Vicepresidente de Colombia, Asoquimbo hace solicitud de Declaratoria de Emergencia Humanitaria y suspensión de Amparos Policivos y órdenes de desalo en la Zona de El Quimbo. Por esta situación se hará Asamblea General de Instalación de la Mesa de Protección de los Derechos Humanos en Gigante Huila, el 20 de Julio de 2013 a partir de las 3 de la tarde.


 La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo comunica que según algunos medios periodísticos la Alcaldía de Gigante Huila ordenó el desalojo, de los afectados, -jornaleros, partijeros, mayordomos, madres cabeza de familia, entre otros,- de los predios La Victoria, El Playón, Potrero El Playón, Monterey, La Borrero y Labranza El Gredal de la Vereda la Honda del Municipio de Gigante, para los días 24 y 25 de julio de 2013, a partir de las 8.a.m.

 La orden no ha sido notificada oficialmente. Sin embargo, versiones de la comunidad indican que la decisión se tomó en una reunión secreta donde compartieron, El Comisario de Familia, Erwin Harvey Cárdenas Díaz, El Personero Hernán Muñoz Sánchez, el Intendente de Policía Pedro Nel Sánchez y el Representante de Emgesa abogado, Jairo Ernesto Arias Orjuela.

 De igual manera, el Inspector del Municipio de Garzón, Eliberto Rivera Fajardo, notificó por Aviso, Providencia calendada el 19 de julio de 2013, mediante la cual se avoca conocimiento de amparo policivo interpuesto por Emgesa solicitando desalojo de campesinos de los predios Palacio y Santiago ubicado en la Vereda de Majo del Municipio de Garzón Huila.

 Las personas a quienes se les califica como indeterminadas o invasoras de predios son campesinos que han dedicado su vida produciendo para el bienestar de todos y que fueron desalojados sin ninguna compensación por parte del Estado y Emgesa a nombre de la utilidad pública para favorecer a la Empresa Privada.

 Se trata de afectados por el Proyecto que han recuperado las tierras para garantizar el derecho al trabajo, a una vida digna, la seguridad alimentaria, destruidos por Emgesa ocasionando vulneración de Derechos y de los Proyectos de vida de miles de habitantes de la Zona de El Quimbo a quienes no se les ha reconocido indemnización por los daños causados.

 Dichos daños han sido confirmados por la Contraloría General de la República (352.000 millones de pesos) quien además señaló la dificultad de “restituir la actividad productiva” por parte del Estado y Emgesa que amerita la suspensión de la Licencia Ambiental.

 “La CGR cuenta con información de campo en el sentido de que se está procurando reasentar a comunidades afectadas en áreas en producción, con lo cual no se estaría restituyendo las áreas y actividades productivas afectadas por la inundación, si no su reemplazo. Lo anterior, desdice de la seriedad de la Empresa Emgesa S.A. para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. Esta situación está generando conflictos entre las comunidades por divisiones entre las mismas, con la consecuente ruptura de su tejido social, tanto de las que buscan ser reasentadas como las que serían desplazadas por los reasentamientos de las primeras. También se ha recibido información en el sentido de que se está ofreciendo dinero a las comunidades y afectados, para que las mismas lleven a cabo la compra de tierras, lo que contradice lo estipulado en la Resolución 899 de 2009, que prioriza como primera opción el reasentamiento de las comunidades, todo ello ante la mirada e inacción de las Autoridades competentes”. Complementar con la lectura en el siguiente link:
 http://millerdussan.blogia.com/2013/063001-a-proposito-de-la-expedicion-del-dereto-1277-del-ministerio-de-agricultura-.php

 Precisamente, debido a la “mirada e inacción de las autoridades competentes”, Asoquimbo recurre a su despacho para solicitarle de inmediato se declare la Emergencia Humanitaria y se ordene la suspensión del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo como única garantía de protección de los Derechos Constitucionales de los Afectados y el Derecho Colectivo a un Ambiente Sano.

 De igual manera se solicita la instalación de una Mesa Permanente de Protección de los Derechos Humanos a partir del 20 de Julio, en el Municipio de Gigante, donde participen el Programa Presidencial de D.H y DIH, Asoquimbo y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos con el fin de restituirlos y denunciar internacionalmente a EMGESA y la ANLA por los crímenes cometidos contra la Seguridad Alimentaria, el Medio Ambiente, el Patrimonio Arqueológico y la vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados.

 Asoquimbo espera la intervención inmediata de la vicepresidencia en cumplimiento de las funciones constitucionales de proteger los Derechos Humanos de los Afectados para evitar que la resistencia civil legal y legítima sea golpeada violentamente a nombre del “uso legítimo de la fuerza del Estado”.