Comunicado
12 de abril de 2019
La Comisión Nacional de Seguimiento al P.H QUIMBO fue constituida el 8 de febrero de 2019 e integrada por los delegados del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, ASOQUIMBO y representantes de los afectados (reasentados, no censados, pescadores artesanales entre otros), con el propósito de hacerle seguimiento a las obligaciones incumplidas por parte de ENEL (Emgesa) y el Estado. Su función es garantizar que se cumplan las compensaciones establecidas y se reparen los daños causados para lo cual se priorizaron el programa de vivienda, la restitución de tierras y el censo de afectados.
La primera dificultad consistió
en la pretensión del Gobierno Nacional de modificar el objetivo de la Comisión por
una supuesta concertación a través de una “alianza público privada”, que
implicaba que la ENEL (Emgesa) hiciera parte de la misma; intento que fue
rechazado por el Gobernador del Huila y Asoquimbo.
Actualmente la Comisión discute
el tema de la restitución de tierras, obligación de la licencia ambiental incumplida
de manera intencional.
De acuerdo con la licencia, deben
restituirse 5.200 hectáreas de tierra de las cuales 2.700 debieron haber sido
compradas por el Ministerio de Agricultura y adecuadas con distrito de riego
por gravedad por parte de ENEL (Emgesa).
Según un estudio del año 2010,
contratado por la Gobernación del Huila y de ENEL (Emgesa), se identificaron
7.907 hectáreas de tierra aptas para irrigar en los municipios de Gigante,
Agrado, Garzón y Altamira demostrando que era posible cumplir la obligación.
Sin embargo de ENEL (Emgesa), con
la permisividad de la ANLA, de manera engañosa y fraudulenta presionó a 422
personas de un total de 426 beneficiarias para que a través de la firma de un
documento renunciaran a su derecho a las tierras a cambio de una suma entre 25
y 28 millones de pesos que denominaron “capital semilla”.
El documento firmado por los afectados,
establece que renuncian en forma total y definitiva a cualquier compensación e
indemnización por cualquier otra forma de perjuicio, así como a cualquier
reclamación judicial o extrajudicial que pretenda compensaciones o
indemnizaciones adicionales.
Gracias a la movilización social
y las permanentes exigencias de ASOQUIMBO, se logró la expedición del Decreto
1277 del 2013 el cual establece la creación de un programa de adjudicación de
tierras para todas las personas vulnerables víctimas de ENEL (Emgesa) y el
Estado, incluidas las 422 personas estafadas por la compañía.
En la Comisión de Seguimiento
hemos expresado con preocupación e indignación la “propuesta” de modificar la
obligación de adjudicación de tierras que estableció la licencia ambiental y
que viene siendo promovida por los delegados del gobierno nacional, el
procurador agrario regional y los alcaldes de la zona de afectación, basados en
supuestos estudios de ENEL (Emgesa) en
los que se afirma que “de las áreas
identificadas, ninguna cumple con especificaciones técnicas, que garanticen la
estabilidad y vida útil de un proyecto de adecuación de tierras”.
Hemos denunciado que en realidad
se trata de una maniobra de ENEL (Emgesa) para minimizar el valor de los
distritos de riego, que se demuestra cuando la empresa sin un estudio riguroso expresa que “los costos por hectárea según el promedio
de inversión con su respectiva proyección de operación y mantenimiento por mes
es elevado en la relación costo de inversión inicial ya que según análisis rápido a nivel regional
sobrepasa el orden establecido por
hectárea a nivel nacional”.
Acudiendo al supuesto de los
elevados costos la ENEL (Emgesa) desconoce
que su obligación es la adecuación e implementación de distritos de riego por
gravedad en los predios adquiridos por el Estado independientemente del valor
de la inversión económica, tal y como quedó condicionado para la aprobación de
la Licencia.
Genera desconfianza y
desconcierto la iniciativa del Gobierno Nacional y del Procurador Agrario
Regional al promover la modificación, cuando su función debería ser la de
exigir y adelantar acciones necesarias para el cumplimiento de la obligación e
imponer sanciones a la Empresa por la mora y daños generados hasta la fecha.
Advertimos que el accionar de
ENEL (Emgesa) para que los afectados renunciaran a su derecho a tierras es
irresponsable e inconstitucional y ha contado con el beneplácito e inacción de
la ANLA.
Exigimos, como garantía jurídica
para los afectados, un pronunciamiento contundente en el próximo ACTO
ADMINISTRATIVO que señale la inconstitucionalidad y mala fe de ENEL (Emgesa) y
establezca las sanciones de ley por la flagrante violación de la Licencia
Ambiental que no sólo afecta a las personas sino al patrimonio económico de los
Municipios de la Zona y a todo el Departamento del Huila.
Ante la gravedad del tema,
Asoquimbo ha adelantado reuniones con las diferentes entidades del orden
nacional (Contraloría, Procuraduría y Agencia Nacional de Tierras) exigiendo el
cumplimiento integral de la obligación.
La ANT se comprometió a realizar
una visita técnica para inspeccionar las 430 hectáreas de tierra compradas por
el INCODER en el Municipio del Agrado, con el fin de elaborar un concepto que
permita conocer la condición de dichos predios debido a que se menciona que no
tienen disponibilidad de recurso hídrico. De ser así, se debe explicar por qué
se realizó dicha compra en detrimento de los beneficiarios y del patrimonial
económico del municipio y en contra de los requerimientos establecidos en la
Licencia.
Ahora, las entidades del Gobierno
afirman que uno de los obstáculos para avanzar en la compra de los predios en
el área de inundación de El Quimbo es que esas tierras hacen parte de la zona
de reserva protectora de la amazonia categoría C. Con ese argumento nunca debió
construirse el PH El Quimbo porque el 95% de las tierras inundadas hacían parte
de la misma reserva que fueron sustraídas para el Proyecto.
En conclusión, observamos que al
gobierno nacional sólo le preocupa proteger los intereses económicos de ENEL
(Emgesa) y no garantizar los derechos de las comunidades y del departamento del
Huila, como es su deber.
De realizarse la modificación a
la licencia ambiental en materia de tierras, estaríamos ante el fracaso de la
Comisión Nacional de Seguimiento y asistiríamos a una frustración más de las
víctimas de El Quimbo, tal y como
ocurrió con la audiencia pública ambiental cuando la ANLA se negó a dar respuesta a las
exigencias presentadas por los asistentes
y a la solicitud unánime de
suspender el PH El Quimbo como una condición para el cumplimiento de las
obligaciones como la restitución de la actividad productiva y el cumplimiento
del nuevo censo ordenado por la Corte Constitucional.
QUE HORROR !!!! DEFINITIVAMENTE LA ENGESA EN COMPLICIDAD CON EL ANLA Y EL GOBIERNO NACIONAL INCLUIDO EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO ES LA PROCURADURIA AGRARIA, SE SALEN CON LAS SUYAS FAVORECIENDO EL CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL Y CAUSANDOLE ESTRAGOS AL PUEBLO COLOMBIANO, A LOS CAMPESINO Y PESCADORES Y A LOS ENTES TERRITORIALES COMO SON LOS MUNICIPIOS DEL HUILA AFECTADOS POR EL P.H. EL QUIMBO. GRACIAS PROFESOR MILLER POR SU DENUNCIA Y POR COMPARTIRLA POR ESTE MEDIO ENTRE OTROS.
ResponderEliminarGracias profesor Miller x su lucha cuenta con el apollo de todas las personas afectadas x estás empresas y nunca nos rendiremos tiene el apollo de todos nosotros q no nos dejaremos derrotar y vamos a luchar hasta el final gracias profesor Miller
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