León Gómez Charry,
subdirector de Desarrollo Local de la Fundación Natura, destaca el convenio
celebrado con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos -USAID- para la implementación
del Plan Huila 2050 o Plan “cambio climático” cuya prioridad es la
privatización del agua para “la demanda del consumo humano concentrada en los
centros urbanos y las cabeceras municipales”, -enajenación de los acueductos
comunitarios-, “el suministro de riego
para la producción agroindustrial” -ZIDRES- y, fundamentalmente, para “la generación de energía a través de
represas a lo largo del eje hidroeléctrico sobre el río Magdalena”-Plan
Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena-
El Plan Huila 2050 está orientado a la
reorganización del territorio para las corporaciones transnacionales, tales
como, Endesa Enel, Emgesa, Emerald Energy, Pacífic Rubiales, Anglo Gold
Ashanti, Estatal Hidrochina, con los
Proyectos de Interés Estratégico Nacional -PINES-para la extracción
intensiva y apropiación privada de nuestros Bienes Naturales Comunes: los ríos,
el Macizo Colombiano, las ciénagas, humedales, para la construcción de más
represas, explotación petrolera utilizando fracking, agronegocios, a nombre del
“cambio climático” como pretexto para la mercantilización de la naturaleza y la
vida: El capitalismo Verde.
La Fundación Natura y USAID cumplen la función de promover los negocios
empresariales y corporativos para la “reducción de los gases de efecto
invernadero”, fortalecidos a partir de la COP21 de París que impuso la impronta
privatizadora que garantiza al sector financiero tener certeza
sobre sus inversiones en la
descontaminación ambiental como
lo exige la OCDE.
La apuesta de los grupos
financieros transnacionales y
los Estados que los representan por
los “mercados verdes” es fortalecer
el sometimiento financiero de
los países del
sur, desconociendo la “responsabilidad desigual”, en la contaminación ambiental y
la “deuda ecológica” del norte,
ampliando su circuito de negocios mediante el endeudamiento de los países periféricos. La COP
21 de
Naciones Unidas facilita
esta pretensión corporativa
al ratificar que
la salida a
la actual crisis
climática obliga a una transición
programada hacia el “capitalismo verde” que promueven la Fundación Natura y
USAID.
La COP 21 fue una reunión en contra de la Justicia Ambiental. La
discusión se redujo al
límite de dos
grados centígrados del
calentamiento global para
los próximos años contra
la crítica formulada por la Red
Internacional de Resistencia a la Producción
Petrolera denominada Oil Watch,
“al insistir
en que la
alternativa al calentamiento global es
la de no
extraer combustibles fósiles
del subsuelo, al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y
carbón, opción
que ya la vienen
implementando “pueblos, naciones indígenas, regiones subnacionales o las localidades que
dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo”.
Preocupa a los
movimientos por la defensa de los territorios y la vida que en un posible
pos-acuerdo “se entregue a las
trasnacionales grandes porciones del territorio del país para proyectos
extractivos debido a que las propuestas en términos ambientales del Plan
Nacional de Desarrollo (2015 - 2018), corresponden a un modelo de economía
verde sustentado en la concepción mercantilista
de la naturaleza como capital natural; supuestos esquemas de minería y energía
sostenible con la participación de las comunidades; fortalecimiento
institucional ambiental a partir de los ingresos obtenidos de Pagos por
Servicios Ambientales -PSA- y Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación –REDD”[1];
bajo el control corporativo que son las pretensiones reales del Plan Huila 2050
que avanza en Pitalito Huila en su ruta de cambio 2030, a nombre de la reducción
de los gases de efecto invernadero.
Con la mercantilización de la naturaleza se profundiza su condición de
víctima, no sólo por el conflicto armado,
sino como “víctima del desarrollo” (ecocidio) contra la posibilidad de armonizar sociedad naturaleza para el Buen
Vivir.
La Fundación Natura, fue contratada por Emgesa para
que con fundamento en un supuesto “estudio biótico” se modificara la licencia
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, estudio que fue incorporado
como justificación de la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 mediante
la cual se concretaron las pretensiones de Emgesa de reducir los costos por
compensaciones ambientales y sociales contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que improbó la conciliación extrajudicial, entre otras, porque no se “protegió
la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales”.
La
Fundación Natura contribuyó, además, a la certificación del Proyecto El Quimbo,
como Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL- justificando que “tener que
proporcionar una indemnización adecuada a la comunidad local y proteger el
medio ambiente aumenta el costo del proyecto y disminuye la Tasa Interna de
Retorno TIR”, desconociendo que las empresas tienen la obligación de promover
el desarrollo sostenible y que proporcionar una compensación adecuada a las comunidades
afectadas es parte integrante de este requisito.
Por
sus buenos oficios Emgesa le otorgó a la Fundación Natura el contrato para el
“Programa de Restauración y Compensación Ambiental”, para lavarle la cara sucia
a la empresa que convirtió el Quimbo en un cementerio de árboles y en el peor
ecocidio que haya vivido el Huila cuyos daños son irreparables.
Ahora
a nombre del cambio climático aparece la Fundación Natura de mano de USAID y de
Emgesa apoyada por los gobiernos, las corporaciones autónomas para ampliar el
mejor negocio: la mercantilización de la naturaleza.
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