AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
Garzón, Huila 11 de Noviembre
Foto: Planeta Paz. De izquierda a derecha Miller Dussán,
Asoquimbo, Claudia González, Directora ANLA, Carlos Julio González, Gobernador
del Huila
La Mesa Temática
para la verificación, promoción, conservación del Medio Ambiente, el Agua y el
Territorio, creada mediante el decreto 489 de 2016 de la Gobernación del Huila,
integrada por organizaciones sociales como ASOQUIMBO, Movimiento Regional por
la Defensa del Territorio y la Vida ¡Ríos Vivos!, Pastoral Social, organizaciones
de trabajadores, campesinos, docentes
-ADIH- estudiantes e indígenas -CRIHU- e
instituciones gubernamentales, después de años de resistencia por la defensa
del territorio, logró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-
convocará a la Audiencia Pública Ambiental debido a los inocultables daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
La Audiencia se
realizará el 11 de noviembre en el
municipio de Garzón, Huila, en el Centro Recreacional Manilla a partir de las 8:A.M Se trata de la
segunda audiencia convocada para evaluar un megaproyecto estratégico nacional y
la primera para el caso de represas en Colombia.
En este espacio las víctimas del Quimbo y de los proyectos minero energéticos, exigirán a la ANLA la suspensión de la Licencia
Ambiental a Emgesa S.A, el cumplimiento de las compensaciones y del nuevo censo de
afectados ordenado por la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional, la
indemnización al departamento y a los municipios del Huila por los daños
causados y la creación de una Comisión de la Verdad como única garantía de no
repetición del despojo, desplazamiento, ecocido y destrucción del patrimonio
arqueológico que es común a todos los proyectos minero energéticos que se han
impuesto en todas las regiones del país.
MOVILIZACIONES SOCIALES EN PITALITO Y NEIVA HUILA
Preparatorias de la Audiencia Pública
El miércoles 9 de Noviembre del 2016 a partir delas 9:a.m, se realizarán movilizaciones sociales en el municipio de Pitalito (Coliseo Cubierto) y Neiva (Universidad Surcolombiana), con el propósito de exigir la suspensión del P.H El Quimbo como única garantía para el restablecimiento de los derechos afectados a las comunidades y el Departamento del Huila.
La movilización convocada como Movimiento Regional por la Defensa del Territorio y la Vida, también tendrá como exigencias:
1) Moratoria de
la política minero energética y un nuevo modelo energético soberano y autónomo que
responda a las necesidades de las comunidades en sus territorios y fundamentado
en las Sentencias T-135/ 13 que propende por otras soluciones energéticas
(solar, eólica, biomasa, etc.) y T-445/16 según la cual, “los entes
territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar
la protección del medioambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa
terminan prohibiendo la actividad minera”.
2) Creación de
un Fondo Energético Especial con destino a la investigación científico-técnica
por parte de universidades públicas y el Instituto Colombiano de la Energía y
al cambio de la matriz energética que sustituya la energía fósil y las
hidroeléctricas.
3)
Reconocimiento de las “víctimas de la megaminería” con dotación de tierras
productivas para los desplazados y la restitución y garantía de los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales -DESCA-
4) Derogatoria
inmediata de todos los proyectos de exploración y explotación minera y de
hidrocarburos que vienen atentando contra las comunidades y el medio ambiente
en diferentes regiones del país.
5) Estimulo a la
agroecología y prohibición de la agroindustria, lo que implica la derogatoria
de la Ley de ZIDRES.
6) Prohibición
de los transgénicos y protección de las semillas nativas básicas para la
Soberanía y Seguridad alimentaria,
7) Impedir la
mercantilización de la naturaleza a través del pago por Servicios Ambientales
para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI- por
deforestación y degradación (REDD+)
8) Declaratoria
del Agua como Bien Natural Común y Derecho fundamental lo que implica modificar
el artículo 365 de la Constitución Nacional y la derogatoria de la Ley 142 de
Servicios Públicos que privatizan la Gestión del Agua en el país entre otras,
para los proyectos de hidrocarburos (petróleo), minería, represas y
agroindustria.
9) Eliminación
de todos los Batallones Energéticos y del ESMAD e investigación por los
asesinatos de líderes ambientalistas y defensores de los territorios y los
Derechos Humanos y suspensión de los procesos de judicialización de las
protestas sociales.
10) Rechazar la
Reforma Tributaria exigida por la OCDE que recomendó “bajar la carga tributaria
sobre la inversión, con la reducción del impuesto al patrimonio para las
empresas nacionales y transnacionales y el IVA a los bienes de inversión” y
“ampliar los impuestos” para las clases medias y los pobres.
11) Por una Paz
con Justicia Socioambiental.
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