En el Huila, se viene imponiendo un nuevo mapa minero- energético a partir del modelo extractivista, financierista por despojo que contempla nuevas represas, microcentrales, energías renovables no convencionales y exploración petrolera a través del sistema fracking.
1. El Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del Río Magdalena concesionado por el Gobierno de Santos a la empresa Estatal Hydrochina contempla la siguiente cascada de represas: Guarapas, 140 MW y Chillurco 180 MW (en Pitalito), Oporapa 220MW (en Oporapa), Pericongo 80 MW (en Timaná), El Quimbo 400 MW (Zona Centro del Huila), Betania 520 MW (construida en Yaguará), El Manso 140 MW (en Neiva), Veraguas 130 MW (en Aipe), Bateas 140 MW (en Villavieja) y continúan las de Basilias 140MW (en Natagaima), Carrasposo 170 MW, Nariño 200MW (en Girardot), Lame 560 MW (en purificación, Ambalema 160 MW (en Ambalema), Cambao 100 MW (en Cambao), Piedras Negras 100 MW (en Honda) y 3 represas más en Honda y el Tolima. Emgesa ya inició trámites para el otorgamiento de la Licencia Ambiental de la represa de Oporapa.
2. La empresa de Energía del Huila -Electrohuila- y sectores privados han formulado 14 solicitudes de licenciamiento a la CAM de microcentrales en los ríos El Baché, (municipio de Santa Mará) Rio Aipe, Rio Neiva (Tamas en Algeciras), Río Las Ceibas (Neiva), entre otros.
3.- El Ministerio de Minas y Energía expidió la ley 1715 del 13 de mayo de 2014 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional” con la finalidad de promover la inversión privada en soluciones energéticas como la energía solar, aeólica, biomasa, prioritariamente para exportación, una vez sean incorporadas al Sistema Interconectado Nacional.
4. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de las “Rondas Colombia 2012 y 2014” amplió a 12 áreas la exploración petrolera, concesionadas a nueve compañías transnacionales. El bloque denominado VSM 16 (Valle Superior del Magdalena) para la extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales (pozos profundos) a través de fracking o fracturación hidráulica, suspendido temporalmente producto de la resistencia social, incorpora a los municipios de El Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol, El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná que afectan las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena y parte del río Suaza.
El ministerio de Minas y Energía indicó que la producción de petróleo en Colombia para el año 2013 fue de 1.007 mil barriles diarios. No obstante, siguiendo el enunciado de Tatiana Roa Avendaño, de esa producción 700 mil son exportados mientras que el excedente -300 mil-, queda para consumo nacional. En este sentido, ¿para quién y para qué se está produciendo?. Además, el Ministro de Minas le dijo a Noticias Uno “que era necesario aprobar la tecnología del fracturamiento hidráulico, frente a la cual plantean dudas los ambientalistas, porque esos recursos del petróleo son necesarios para la paz”.
¿ENERGÍA PARA QUÉ, PARA QUIÉN Y A QUÉ COSTO?
Energía producida prioritariamente para la exportación a favor de la demanda de las empresas transnacionales de la industria minero-energética, petrolera y los agronegocios. “Colombia ya produce una sobreinstalación de potencia eléctrica de 4761 megavatios”.
Energía para acceder al mercado carbono, negocio que garantiza a las grandes empresas y países desarrollados, continuar contaminando el ambiente.
Las industrias que consumen mayores cantidades de energía y de mayor voltaje la pagan entre 85 y 100 pesos KW/hora. Los pobres la consumen a 350 pesos el KW/h.
Para la mayor acumulación de riquezas por parte de las empresas transnacionales como ENEL, Endesa, Emgesa, Pacific Rubiales, Estatal Hidrochina.
Destruye los territorios, la biodiversidad natural y genética, la seguridad alimentaria, los ecosistemas, los proyectos de vida por el desplazamiento de comunidades.
Impone los TLC que arrasan con la producción agropecuaria y la industria colombiana y entrega la biodiversidad a la biopirateria, afectando los saberes ancestrales sobre la naturaleza y la propiedad intelectual.
Incrementa los conflictos socioambientales por las demandas de materiales y energía de la población mundial. Colombia figura en el segundo lugar en la clasificación por países con 72 casos, sólo por debajo de India que registró 112 conflictos, según el Atlas Global de Justicia Ambiental.
La energía generada por hidroeléctricas (macro y microrepresas) no es renovable, ni limpia. Es más barata para los inversionistas y costosa para el pueblo porque:
Desplazan más que las guerras. Cientos de miles de personas son desalojadas de sus tierras ancestrales.
Reducen drásticamente las poblaciones de peces, incluyendo la eliminación total de algunas especies.
Interrumpen los ciclos anuales de inundación destruyendo la producción de alimentos.
Inundan lugares de valor natural o cultural extraordinarios.
Emiten gases de efecto invernadero como el gas metano aumentando la vulnerabilidad al cambio climático.
Aumentan desproporcionadamente la pobreza.
Se restringe el acceso al agua, la tierra y los recursos bióticos.
Se interrumpe la pesca artesanal y la agricultura tradicional de los terrenos aluviales, a causa de los cambios en el caudal y la reducción en el asentamiento de los linos.
Producen pérdida de tierras del valle, generalmente las más fértiles, que como en el caso de El Quimbo son escasas y básicas para garantizar la seguridad alimentaria, “suelos de formación aluvial de hasta 3 metros de profundidad efectiva, suelos orgánicos con una carga microbiológica natural de mucho valor”
Provocan sismos inducidos.
Producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua, los organismos bióticos y la sedimentación de la cuenca del río.
Por lo general desconocen la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación, en particular, la participación de los afectados
El 25 de septiembre de 2014 se realizó en Neiva el Foro “Política Minero Energética y Víctimas del Desarrollo” convocado por Asoquimbo, Asorios del Municipio de Algeciras, Organización Somos Río Aipe, Comité de Defensa del Territorio de Isnos, Comité por la Defensa del Río Baché, Comité Defensores del Macizo Colombiano (San Agustín), el Comité de Defensores del Río Magdalena de Oporapa, el Comité de Defensa del Territorio de Isnos, ASONARE, el Comité Intersectorial Amigos del Páramo de Miraflores, el colectivo Jaguos por el Territorio y su proyecto Geocoreografías de la Jagua, el Comité Cívico de Defensa del río Las Ceibas de Neiva, que acordaron articularese en el “MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LA VIDA. ¡RÍOS VIVOS¡ con el propósito central de detener el modelo extractivista, fianancierista por despojo que concentra la propiedad de la tierra y controla los territorios, a través de las corporaciones transnacionales, destruye la economía campesina y los proyectos de vida de las comunidadas. En consecuencia, se requiere del poder territorial y el autogobierno por los actores sociales que los habitan (Indígenas, Afros, Campesinos, etc) que decidan el reordenamiento territorial que impida la modificación de los usos del suelo de vocación agropecuaria para la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles. En tal sentido, se propone:
- Un nuevo modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía y el poder territorial son factores determinantes en la construcción de una política económica de producción de alimentos y un nuevo modelo minero energético soberano.
Para tal fin, se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral, la suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y de las licencias ambientales de todos los proyectos minero – energéticos que vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan para dichos proyectos. Implica de manera inmediata:
- La suspensión de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la construcción de una Zona de Reserva Campesina -ZRC- a partir del Decreto 1277 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural "Por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras" y en el Artículo 1 numeral 1 se refiere como primer beneficiario las “Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico ‘El Quimbo’ en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”.
- La realización del nuevo censo socioeconómico de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ordenado por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-135/13 con fundamento en todos sus postulados y, especialmente, la Participación efectiva, libre e informada para el restablecimiento de los Derechos Constitucionales y, específicamente, los Derechos al Mínimo Vital, al Trabajo y a una Vida Digna e indemnización a las comunidades y a la región por los daños causados por las transnacionales Emgesa, Endesa, Enel.
- La suspensión de la licencia Ambiental para la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores y su declaratoria como Parque Nacional y el no otorgamiento de Licencias para la exploración y explotación petrolera en las 12 áreas aprobadas en el Huila en el marco de la “Ronda Colombia 2014”.
- Indemnización por parte de la Emerald Energy de todos los afectados por la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores.
- Suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del rio Magdalena" y no a las represas ni microcentrales en el Huila (14 solicitudes a la CAM)
- Definición de un Plan Estratégico para la protección de la Cuenca del río Magdalena y la elaboración de Proyectos por parte de las Comunidades como un Sendero Ecoturístico y Plan de Buen Manejo de Conservación para el Cañón del Río Magdalena desde el Bosque de los Petroglíficos- Estrecho del Magdalena hasta el Puente del cruce del Municipio de Isnos.
- Indemnización por parte de Emgesa de todos los afectados -víctimas del desarrollo- por la destrucción del río Magdalena, la fauna, la flora y el saqueo de los hallazgos arqueológicos.
2.- Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la Soberanía y Autonomía Alimentaria y la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.
3.- Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas un Modelo de BUEN VIVIR desde la diversidad, con relaciones territoriales solidarias entre comunidades, fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbano rurales entre sectores populares. Reafirmar la autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.
4.-Impulsar y desarrollar las Zonas de Reserva Campesina constituidas y su conformación y su reconocimiento legal en los lugares del Huila en donde las condiciones agroecológicas y económico-sociales lo justifiquen, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.
5.- Garantizar por parte del Estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma. Impulso a los Acueductos Comunitarios de manera autónoma.
6.- Solución inmediata a las demandas de los caficultores, paneleros, arroceros y demás sectores del agro afectados por los Tratados de Libre Comercio.
7.- Respaldo de la propuesta de Reforma Universitaria elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- en defensa de la Educación Pública y la Autonomía Universitaria que implica la Defensa del Territorio.
8.- Por una nueva Ley de Salud Pública que garantice la prestación del Servicio de Calidad, Gratuito para toda la población, la revisión y control de medicamentos provenientes de las empresas farmacéuticas y el reconocimiento de las medicinas alternativas y prácticas saludables de nuestros ancestros indígenas.
9.- Suspensión del cobro por el servicio de agua potable para toda la población.
10.- Reducción de los costos de todos los servicios domiciliarios.
En síntesis, como lo plantea el investigador de la Universidad Nacional Daniel Libreros: Una propuesta alternativa, más allá de lo defensivo, implica un nuevo modelo de sociedad y de vida por fuera del mercado, una forma de organización social distinta donde las poblaciones garanticen el control de los territorios. Es la forma de replantearle al capital la organización del territorio, de manera autonómica, la posibilidad de decidir sobre la producción y consumo de los bienes, como bienes comunes, la desmercantilización de manera autonómica, que significa 1) una visión distinta de la naturaleza, desde una perspectiva indigenista, holísticamente humana y 2) otra concepción de desarrollo, donde se decida de manera democrática y autogestionaria, sustentado en un nuevo concepto de economía y desarrollo, que no solo acepta la técnica, sino que consulta mucho más lo humano, el respeto de los bienes comunes, el respeto a la vida, una respuesta eco-socialista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario