11 Y 12 DE OCTUBRE: MOVILIZACIÓN POR LA DIGNIDAD EN LA ZONA DEL QUIMBO
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| Motivos de la Movilización |
Igualmente, exigirán los resultados de la comisión geológica que investiga el agrietamiento en la zona de muros que ha impedido la continuidad de obras, así como la no aprobación en los Concejos Municipales de los Esquemas de Ordenamiento Territorial elaborados por Emgesa y en cambio se realiza las consultas populares para detener el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, entre otras muchas reivindicaciones.
El 11 de Octubre a partir de las dos de la tarde se realizará una Jornada de Reflexión en Gigante donde se invita a todos los afectados por el Quimbo, Emerald, Cafeteros, etc con la presencia de delegaciones de varios municipios del Sur del Huila en coordinación con el Congreso de los Pueblos. Durante la jornada Asoquimbo informará sobre las acciones adelantadas en defensa de los afectados. El 12 de Octubre a partir de las 9 de la mañana se realizarán marchas masivas en Gigante y Garzón con delegaciones de la Honda, Veracruz, Rioloro, otros y del Congreso de los Pueblos en el primer caso y se suman delegaciones del Agrado, Pital, Tarqui, Poblaciones Jagua, San Antonio, Jagualito para la manifestación en Garzón. Los municipios que no tengan las posibilidades de participar en Gigante y Garzón podrán realizar en sus lugares, movilizaciones, foros, actividades culturales.
La burla del ministerio de ambiente.
El 23 de agosto de 2012, el periódico El Espectador.com tituló "El Quimbo, en cuidados intensivos" a raíz de la decisión de la Contraloría de "abrir investigación preliminar para esclarecer si el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) incurrieron en irregularidades en la expedición de la licencia ambiental de la obra y generaron un posible detrimento patrimonial de 350.644 millones de pesos. Así se lo confirmó a este diario el contralor delegado para el Medio Ambiente, Javier Cruz..." Además, el Ente de Control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo”.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha negado a ordenar de inmediato la revisión del Censo y la inclusión de todos los afectados debido a la amenaza de Emgesa de retirarse del proyecto y demandar al Estado si procede conforme al estudio de la Contraloría. Además, no ha dado respuesta al Derecho de Petición formulado por Asoquimbo relacionado con la apertura del Censo. La organización hace parte de una Veeduría Ciudadana que ofició a todos los Organismos de Control informando que ejercerá el derecho de hacer seguimiento a la revisión y elaboración del nuevo censo.
El Ministerio de Ambiente en connivencia con Emgesa, viene presionando a los jornaleros, partijeros, mayordomos, entre otros, que fueron expulsados de los predios que adquirió Emgesa, para que acepten migajas económicas, como compensaciones, negándoles lo establecido en la Licencia según la cual para estos casos, el Ministerio de Agricultura “adquirirá aproximadamente DOS MIL SETECIENTAS (2.700) has previa presentación del estudio por parte de EMGESA S.A. de los posibles predios sobre los cuales construirá la infraestructura de riego por gravedad, para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las comunidades más vulnerables de la zona de influencia del Proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros ), de acuerdo con lo previsto con el numeral tercero de las obligaciones de EMGESA S.A.”
En síntesis, el MADS se burla de la Contraloría General de la Nación al no proceder con la revisión y apertura del nuevo censo de afectados que perdieron sus trabajos y actividades económicas debido a la destrucción de las cadenas productivas y, además, le niega las tierras, a los desplazados de los predios que adquirió Emgesa, que les corresponde por compensación según la Licencia Ambiental.
Como respuesta a la actitud asumida por el Ministerio de Ambiente, la única alternativa legítima para ejercer el derecho al trabajo ha sido el inicio de la recuperación de las tierras de donde fueron desalojados para avanzar en la construcción de una Reserva Campesina Agroalimentaria y continuar con las acciones de resistencia civil y la interposición de Acción de Tutela para que el Estado indemnice a todos los afectados por los daños causados.
El Ministerio de Ambiente al actuar como subsidiario de Emgesa, viene vulnerando todos los derechos de las comunidades y, en consecuencia, es el responsable de que estas no tengan otra alternativa que acudir a las protestas sociales que se intensificarán a partir del 12 de octubre.
Consulta popular contra el Plan Maestro.
Uno de los propósitos de las movilizaciones sociales convocadas para el 11 Y 12 de octubre de 2012 es promover la Consulta Popular para que la ciudadanía se pronuncie, de conformidad con los procedimientos previstos en la ley 134 de 1993, sobre la conveniencia del Plan maestro de Aprovechamiento del rio Magdalena" (privatización) en convenio con el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina y Acción Social de Colombia, con un presupuesto de cooperación superior a los seis millones de dólares, de los cuales el gobierno de China aporta US 3,9 millones, Hydrochina US 1,8 millones y Cormagdalena 700.000 dólares y la construcción de Hidroeléctricas en el territorio de varios municipios del Huila.
La convocatoria se fundamenta en:
- El artículo 2º de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación”.
- El artículo 105 de la Carta 3, desarrollando este principio, establece la facultad de los Alcaldes de convocar consultas populares.
- El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.
- De conformidad con las normas constitucionales citadas, no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino que es un deber de las autoridades municipales, tomar las medidas e iniciativas, previstas en la ley, para acordar lo más conveniente para el desarrollo del municipio y para la vida de sus habitantes, frente a un proyecto de un impacto tan significativo.
La consulta sería:
Para preservar los recursos hídricos y la producción agrícola del municipio, los empleos directos e indirectos que genera, la vida comunitaria, la dignidad de sus habitantes y el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino, así como la autonomía municipal sobre el uso del suelo, ¿está Usted de acuerdo con que se impida el desarrollo del Plan maestro de Aprovechamiento del rio Magdalena y la construcción de hidroeléctricas en el territorio de los municipios del departamento del Huila?”
A la espera pronunciamiento de los Organismos de Control.
Durante las acciones de resistencia civil programadas para el 11 y 12 de octubre en el Centro y Sur del Departamento, Asoquimbo exigirá la apertura y revisión inmediata del Censo de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de acuerdo con los los resultados de la verificación realizada por la Contraloría General de la Nación y que vienen siendo burlados por el Ministerio de Ambiente.
Asoquimbo espera conocer los resultados de las investigaciones abiertas contra la ANLA por las irregularidades en el proceso de licenciamiento del P.H. El Quimbo y de la naturaleza y riesgos de las fallas geotécnicas que han ocasionado derrumbes y hundimientos en la zona de El Quimbo.
Asoquimbo espera conocer los resultados de las investigaciones abiertas por la Fiscalía de los responsables del delito de "daños ambientales" ocasionados por la construcción de las obras y el compromiso de la Procuraduría General de la Nación de solicitar al Ministerio de Ambiente y la ANLA pronunciamiento a fondo sobre la solicitud de Audiencia Pública Ambiental negada sistemáticamente por la ANLA con el argumento evasivo de que se trata de un "diálogo de sordos".
¡RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE! ¡FUERA TRANSNACIONALES DEL TERRITORIO! ¡EL HUILA NO SE VENDE… SE DEFIENDE!
¡RIOS VIVOS … PUEBLOS LIBRES!
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