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| Jornada Nacional de la Indignación octubre 12 de 2012 (Asoquimbo- Garzón) |
Introducción
El 16 de agosto de 2012, el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre tierra, firmó un Acta de Acuerdos con Delegados del Gobierno Nacional en el Puente sobre el río Pescador del Municipio de Hobo en el contexto de la Minga desarrollada por el Consejo Regional Indígena del Huila –CRIHU- y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- que incluía como primer compromiso para el 30 de agosto de 2012 “dar respuesta por escrito a las solicitudes, indagaciones, investigaciones e informes que quedaron consignados en el acta”,
acuerdo incumplido por el Gobierno y que era básico como insumo para la realización de una Mesa de Compromisos con el Gobierno que debería instalarse a más tardar el 20 de septiembre. Para esta fecha los delegados del gobierno se comprometieron a gestionar y garantizar la infraestructura para la realización del diálogo en Neiva entre las comunidades afectadas por megaproyectos minero energéticos y los nuevos Ministros del Interior, Fernando Carrillo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, de Minas y Energía, Federico Renjifo, de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y el Consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón con el propósito de abordar la problemática generada por la política minera energética y agronegocios del Gobierno de Santos.
acuerdo incumplido por el Gobierno y que era básico como insumo para la realización de una Mesa de Compromisos con el Gobierno que debería instalarse a más tardar el 20 de septiembre. Para esta fecha los delegados del gobierno se comprometieron a gestionar y garantizar la infraestructura para la realización del diálogo en Neiva entre las comunidades afectadas por megaproyectos minero energéticos y los nuevos Ministros del Interior, Fernando Carrillo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, de Minas y Energía, Federico Renjifo, de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y el Consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón con el propósito de abordar la problemática generada por la política minera energética y agronegocios del Gobierno de Santos.
1.- Movilización social y solicitudes
Ante el incumplimiento de lo pactado, Asoquimbo, convocó a una movilización Social realizada en Neiva el 20 de septiembre y se vinculó a las acciones de indignación iniciadas el 11 de octubre y que aún se mantienen con la presencia masiva de campesinos a la espera de ser escuchados por el Gobierno Nacional con relación a las siguientes solicitudes consensuadas con las organizaciones sociales Congreso de los Pueblos, Red Proyecto Sur, Coordinador Nacional Agrario, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales:
1. El derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos.
2. La defensa del territorio, el río Magdalena, la seguridad alimentaria, los afectados por la política minero energética y los agronegocios del actual gobierno, la suspensión inmediata de las licencias ambientales a los proyectos hidroeléctrico el Quimbo y la Emerald Energy para la explotación petrolera en el páramo de Miraflores.
3. La realización de un nuevo censo de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría General de la Nación y la indemnización por los daños causados por Emgesa, Endesa, Enel.
4. Rechazo a los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial contratados por Emgesa a la firma Codein de Neiva, desconociendo la autonomía de las comunidades
5. La suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena y, específicamente, la no construcción de nuevas represas en el Huila.
6. El respeto a los derechos de las comunidades indígenas y el respaldo a la solución política del conflicto armado que garantice, entre otros, el control soberano y autónomo de nuestros territorios.
7. La concertación de una política pública de acceso a la tierra con las organizaciones campesinas
8. Constitución de zonas de reserva campesina, que permitan la pervivencia de nuestra cultura y un modelo de desarrollo que potencie la pequeña producción.
9. La garantía de un precio fijo para la compra y venta del café, precios justos de agro insumos y un subsidio de cosecha cafetera para los pequeños productores de café, que garantice el desarrollo económico de los caficultores del Huila. Por una salida definitiva a la crisis cafetera.
10. El rechazo total al plan departamental de aguas y la derogatoria de la ley 142 de 1994, que privatiza los acueductos comunitarios y convierte el agua en una mercancía y no en un derecho fundamental para todos los ciudadanos.
11. La derogatoria inmediata de la Ley 100 de 1993, y construcción colectiva de una ley de salud gratuita, pública y humana
12. Una infraestructura vial digna para el libre tránsito por el departamento del Huila.
13. Una educación básica, media y superior de calidad y verdaderamente gratuita.
14. La declaratoria de Parque Natural Regional la Tatacoa, elimina la actividad agropecuaria en 35.000 hectáreas pertenecientes a los municipios de Villavieja, Tello y Baraya, lo que desplazaría una cultura ancestral de más de 500 años. Por eso exigimos que sea reconocida la cultura campesina de Tatacoa y su relación estrecha con el territorio que habita, cualquier intento de desplazamiento o reubicación de estas personas será rechazada.
15. Entrega de una casa campesina en comodato a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH), en la ciudad de Neiva. Este será el lugar de encuentro de las organizaciones campesinas del departamento donde se difundirá su cultura e identidad.
16. Derogatoria de la resolución 187 de 2006, del Instituto de Crédito Agropecuario que privatiza las semillas tradicionales campesinas y criminaliza a los campesinos que no compren semillas certificadas.
17. Cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las organizaciones campesinas e indígenas CRIHU, ATCH, ASOQUIMBO y respeto al legítimo derecho a la protesta.
18. El pago inmediato de los 23 mil millones de pesos que le adeuda la gobernación del Huila a la Universidad Sur Colombiana.
2.- Nuevas Represas se proyectan en la Cuenca Alta del río Magdalena y afectan otras fuentes hídricas.
En el Departamento del Huila se proyectaron once represas sobre la cuenca del Alto Magdalena y otras fuentes hídricas, nueve de las cuales hacen parte de la "Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena" que actualmente adelanta Cormagdalena en convenio con el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina con un presupuesto de cooperación superior a los seis millones de dólares. El Plan incluye, entre otras, la navegabilidad, la navegación, la adecuación de tierras (expropiación), la generación de energía, la recreación social y el saneamiento ambiental, en síntesis, la privatización del río Magdalena en el marco de los tratados de libre comercio. El Plan propuesto y, específicamente, la construcción de nuevas represas en el Huila, ha sido rechazado por las comunidades que se vienen sumando a la resistencia civil por la defensa del territorio, el río Magdalena y contra el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo encabezada por Asoquimbo. Las ejemplares movilizaciones del 20 de septiembre y el 11 y 12 de octubre en el Huila son expresiones de indignación contra la política minero-energética del Gobierno de Santos.
3.- Pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación
Asoquimbo destaca el Pronunciamiento de la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli, el 13 de octubre de 2012 en entrevista a Yamid Amat, titulada ‘Colombia está al borde de un desastre ambiental’ al reafirmar que “en el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos”,comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma¨.
La Contraloría General de la Nación, además, mediante Oficio de agosto 23 de 2012, presenta el informe final obtenido en desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-“ y anunció el “envío de comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa. El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo¨.
4.- Exigencias
Asoquimbo exige el cumplimiento por parte del Gobierno de la instalación de la Mesa de Compromisos con la presencia de los Ministros anteriormente relacionados con el propósito de abordar las demandas formuladas por las organizaciones sociales y, específicamente, la problemática generada por los Proyectos Minero energéticos en la Región.
Asoquimbo solicita a la Contraloría se disponga que el nuevo censo de afectados por El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo sea realizado por organismos del Estado o Universitarias Públicas, con veeduría ciudadana; se ordene a la autoridad competente se especifiquen los costos por los daños económicos y sociales causados por las obras de El Quimbo y los instrumentos legales para la indemnización de los afectados y de la Nación por el detrimento patrimonial y se informe sobre el seguimiento, control y estudios geológicos y de sismicidad del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo producto de la última visita realizada por el ente de control.
De igual manera se espera conocer quiénes son los responsables por el delito de “Daños en recursos naturales” según averiguación de la Fiscalía y se exige la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo para que interponga el recurso de la Acción de Tutela y/o valoración de la ruta jurídica a seguir para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Afectados por los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por el Proyecto Hidroeléctrico garantizando la restitución inmediata de su actividad productiva, el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y todas las condiciones necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. En cuanto a los derechos de la población afectada y, en particular, en lo referente a los daños causados por el mencionado proyecto y no reconocidos durante el trámite correspondiente a la aprobación, desarrollo de la licencia ambiental y de las obras de El Quimbo se solicita, adicionalmente, establecer las medidas que garanticen la indemnización de todos los afectados y de la nación por el detrimento patrimonial al que hace referencia la Contraloría.
Neiva, octubre 16 de 2012
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO
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