Pescadores de Betania se suman a Paro Agrario.

Pescadores y gobernantes de los municipios de Hobo, Yaguará y campoalegre todavía no entienden por qué Emgesa desde abril de 2013 interpuso en dichas alcaldías, Amparos Policivos contra las más de 1000 familias de pescadores que tienen su actividad aguas arriba, en el Embalse y abajo de Betania.

Según Emgesa, se trata de “normalizar una situación de ocupación ilegal”. Pero para los pescadores, el río Magdalena y la ronda de la represa ha sido por décadas su hábitat natural. Además, son víctimas del desalojo de la zona inundada por Betania; donde les incumplieron la promesa de compra y adecuación de 10.000 hectáreas como compensación y restitución de la actividad agrícola.

Dany Orley Caquimbo Murcia

Según las humildes familias, Emgesa los asedia con la insistencia del desalojo de la ronda de la Represa a la que llaman predios privados. “La trabajadora social de Emgesa nos ha venido a ofrecer que si tenemos un familiar para donde irnos, que ellos en un ‘prestico’ nos llevan, pero no es así tan fácil porque de esto es que nosotros vivimos y alimentamos nuestros hijos”, declaró Dany Orley Caquimbo Murcia, Habitante de la vereda Ceboruco de Campoalegre, en asamblea de afectados en la que convocaron a Asoquimbo y realizada el tres de Agosto de 2013. Además denunciaron la drástica disminución en la población de peces en el embalse, situación que ha desmejorado la calidad de vida de sus familias. Según Tobías Ortiz, representante legal de la asociación de pescadores ASOCEBORUCO “el repoblamiento de peces no ha servido porque con la contaminación que baja del quimbo, aparecen las manchas de alevinos muertos a orillas del embalse”

Miller Dussán Calderón, representante de Asoquimbo, les aclaró a las familias pescadoras que según la Constitución de Colombia,  se les debe garantizar Derechos Constitucionales, como el derecho al trabajo y a una vida digna. Argumentó también que la pretensión de desalojo es un atentando contra la Ley  13 de 1990 o Estatuto General del Pescador que en su artículo tres establece: “Declárase la actividad pesquera de utilidad pública e interés social” y la  Sentencia T-348/12, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales a la participación, a la alimentación, al trabajo, la libre escogencia de profesión u oficio y a la dignidad humana de los miembros de la Asociación de Pescadores de Comfenalco, ASOPESCOMFE.

El profesor Dussán también les aclaró que también tienen derecho a ser indemnizados por las afectaciones que les ha causado el Proyecto El Quimbo. Para ello, hizo referencia al Informe Final de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la Denuncia de Participación Ciudadana “Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” y específicamente, a la Producción Pesquera, donde consigna que:  “Analizando el informe del INCODER sobre la productividad de los pescadores artesanales del Municipio de Hobo se establece una disminución de 7.95 toneladas entre el año 2009 y diciembre del año 2011, causado por diferentes motivos entre ellos por la puesta en marcha de las obras del Quimbo en el año 2010. La construcción de dicha obra generó una afectación ambiental representada en la muerte de 917 peces, tal como lo reporta la empresa al MADS”. Concluye que “Por lo anterior consideramos que los pescadores de Hobo tienen una afectación indirecta, en especial la que se estableció en la Resolución 1096 del 14 de junio de 2011 numeral 1.2 Presentar los soportes que evidencian la aplicación de las medidas de compensación necesarias para restituir la actividad económica de las personas y gremios que han visto afectados sus ingresos… y los pescadores del Hobo se han visto perjudicados en sus ingresos por la disminución de la oferta”.

Por tal motivo la Contraloría ordenó incluir  como afectados y establecerles medidas de compensación a los pescadores de Hobo, quienes ejercen su actividad en la Represa de Betania.
Razón tienen, los pescadores de Betania en quejarse por la disminución en la pesca  y los daños sociales y ambientales causados por las obras de El Quimbo que según la Contraloría General de la República, asciende a más de  350 mil  millones de pesos, motivo por el cual en agosto de 2012 abrió Proceso de responsabilidad Fiscal contra la Autoridad de Licencias Ambientales y el Ministerio de ambiente porque con las irregularidades en el Licenciamiento del Proyecto El Quimbo se viene destruyendo el Patrimonio de la Nación.

Debido a que los personeros, “defensores del pueblo” y demás autoridades responsables de garantizar los Derechos de los Pescadores han mantenido silencio cómplice con los intereses de Emgesa, los pescadores decidieron participar del Paro Agrario convocado a partir del 19 de agosto de 2013, donde exigirán el cese de todos los amparos policivos y la indemnización por los daños que les ha causado Engesa.