El 14 de Abril de 2013, alrededor de 150 campesinos desplazados por el Estado
Colombiano y afectados por la
construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de la Transnacional Emgesa - Enel; regresaron a sus tierras en un acto de
soberanía y defensa de su territorio.
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Campesinos:
Jornaleros, mayordomos, partijeros, todos afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico
el Quimbo, ante la ruptura de las cadenas productivas, la perdida de sus empleos y
el desplazamiento, generado por el imposición del Gobierno Nacional de
construir la represa El Quimbo; decidieron regresar a los predios de donde
fueron sacados ilegalmente en nombre del desarrollo económico de la región y la “utilidad
pública e interés general”, según
la resolución 321del 1 de Sept. De 2008
Es
necesario recordar que el 14 de Junio
del año 2011 el Ministerio de Ambiente mediante res. 1096 interpuso medida
preventiva a Emgesa (Enel) por el desplazamiento y pérdida de empleo que generó con la compra de grandes haciendas
productivas; sin embargo esta misma autoridad con base en un documento
elaborado por la compañía constructora y sin ninguna verificación de campo con
las comunidades afectadas, levantó las medidas preventivas a través del acto
administrativo 0123 del 29/11/2011, bajo el supuesto de un “comodato reestructurado que permitía la permanencia de los
campesinos en las tierras” mientras la empresa cumplía en su obligación de restitución de
actividad productiva tal como lo indica la licencia ambiental; sin embargo estando
vigente la medida preventiva, Emgesa (Enel) burló a las comunidades e instituciones del Estado, pues continuó con la
compra de predios y desplazando a campesinos. Queda en evidencia la complicidad
del Estado Colombiano con las corporaciones transnacionales, es la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales la encargada de configurar la normatividad
para aparentar “legalidad” en la realización de los proyectos minero-
energéticos.
El 3 de
septiembre del 2011 Emgesa (Enel) compró la Hacienda la Virginia ubicada en el
Municipio de Altamira al propietario Arnulfo Parra que en convivencia con la empresa desplazó a 50 campesinos con más de 10 años de
trabajo en la producción de tabaco, arroz, maíz, sorgo y ganado ; situación
similar ocurrió con la finca La Guipa de aproximadamente 80 hectáreas en
producción de ganado de leche y carne que
empleaba a más de 20 trabajadores permanentes, todos despedidos y
desplazados sin restitución de la actividad productiva ni indemnización,
violentando el derecho fundamental al trabajo y la vida digna consagrado en la
constitución política de Colombia.
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Convocamos
a las organizaciones de derechos Humanos a velar por la protección de los campesinos, quienes
legítima y legalmente defienden sus derechos, a la solidaridad de la comunidad
en general con la donación de semillas.
Cel:
3138417749 – 3212097866.
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