“Con la ternura de la tierra mía que me vio nacer,
canta mi alma con la dicha entera de un amanecer,… es la tierra del Huila,
tierra de promisión… En el Huila para bien cruza un río sin igual, que da la
vida entera al labrador, a su maizal, al platanal…” Luis
Alberto Osorio, himno del Huila.
El paisaje del pueblo colombiano lo está
transformado una manera de pensar que no consulta con las personas y
comunidades que lo habitamos. Tal vez en contravía del mandato que los votantes
hacen cada vez que la democracia lo exige. Tal es el caso del Río Magdalena. Lo
han desfigurado de tal forma que generaciones enteras de colombianos le hemos
dado la espalda. Olvidamos la fortuna e importancia del mismo cuando aún esta
tierra era habitada por aborígenes, antes de la desgracia que por el mismo río
entró a estas tierras; el occidente y su sentido de “civilización” primero y
ahora con el del “desarrollo”. Ya no somos dueños de lo nuestro. Ni siquiera de
nuestros imaginarios.
El río Magdalena ha sido objeto de infinidad de
intervenciones que hoy cobran su costo cada invierno. El pueblo colombiano ha
sido objeto de tales intervenciones que ya no se reconoce así mismo. Sus
imaginarios rondan el pillaje legal, el pillaje de facto y la ilegitimidad de
los derechos.
Un himno que dejará de decir algo a nuestros niños
ahora que quieren realizar el proyecto hidroeléctrico el Quimbo, al cual me voy
a referir, pues no solo cambia nuestra razón de ser colombianos, sino que
muestra cómo hemos sido traicionados por una clase dirigente que solo son
negociantes.
El proyecto nunca fue consultado con los habitantes
de las más de 8.000 hectáreas que quieren inundar. Los estudios de impacto y
vulneración no existen y de ser así solo los ha realizado Emgesa, la empresa
dueña del negocio. Pero la complicidad de los gobiernos que lo idearon y han
gestionado es tal que la licencia no soporta la más somera evaluación. El
Ministerio del Ambiente y la, ahora llamada, Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales insisten en asegurar que no hay nada irregular.
La Contraloría General de la República inició
“indagaciones preliminares tendientes a determinar la causación del daño, la
entidad afectada y los responsables de los presuntos vicios de procedimiento en
el trámite de la Licencia Ambiental y posibles impactos negativos Sociales,
Ambientales y Económicos como consecuencia del Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo (PHE-EQ), así como en relación a las presuntas debilidades en los
procesos contractuales adelantados por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-,
en el Contrato No. 1820 de 2011 que tiene como objeto la “ATENCIÓN OBRAS DE
EMERGENCIA EN EL PUENTE PASO DEL COLEGIO PR95+883 RUTA 2402 CARRETERA
CANDELARIA-LA PLATA-LABERINTO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, y la Resolución de
Adjudicación No. 072238 del 27 de diciembre de 2011, que tiene por objeto el
“ESTUDIO Y DISEÑO A NIVEL DE FASE III PARA EL REEMPLAZO DEL PUENTE DEL COLEGIO
DE LA CARRETERA CANDELARIA-LABERINTO RUTA 2404”.
En carta dirigida a la Contralora, Asoquimbo solicita
su intervención para que se realicen visitas de verificación y se elabore el
respectivo Informe Técnico con relación a los impactos causados por la decisión
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de otorgar Licencia
Ambiental, mediante Resolución 1609 del 9 de agosto de 2011, a Emerald Energy
Pic Sucursal Colombia, para que instalen cinco plataformas y tres pozos
petroleros, en una región del Huila que hace parte de la Reserva Forestal de la
Amazonía y rica en café, lulo, plátano, naranja, granadilla y otros productos
agrícolas. Los pobladores de Umbria, Lejandría, Cedral, Villa Rica, Alto
Colosal, Ventanas, Estación, El Vergel, Silvania, Tres Esquinas, La Vega, entre
otras veredas de Gigante, han expresado “su indignación por no haber sido
consultados y porque con la licencia se está autorizando la destrucción del río
del Oro que surte acueductos de la zona céntrica del Huila, del páramo de
Miraflores y la actividad agroalimentaria de la región, afectando la producción
cafetera que ocupa el primer renglón en el país”.
En consecuencia a la precariedad de la situación, desde
el 3 de enero de 2012 se realizó un Paro
Regional en el Huila por la Defensa del Territorio, donde las comunidades
afectadas exigieron claridad por las actuaciones Administrativas del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el INVIAS debido a las graves
afectaciones económicas, sociales, ambientales que, aún hoy, se registran en el
centro y sur-occidente del Huila donde ha sido alterada la tranquilidad de la
región.
Es así que el 2012, en el sur de Colombia, inició
con la gran movilización de las poblaciones afectadas por:
- La construcción
de la represa el Quimbo,
- La
destrucción del puente del Paso del Colegio y las vías Yaguará y Tesalia,
La Plata-Leticia, La Plata-Garzón, incomunicando al suroccidente del Huila y el
Oriente Caucano con Neiva.
- La expedición inconsulta de la licencia ambiental de nueve
pozos petroleros que afectaran gravemente el Paramo de Miraflores y con
ello el agua potable de la zona.
Estas tres situaciones tienen el elemento común
de despojar de sus tierras a cientos de familias campesinas que sostienen la
seguridad alimentaria de la región y el país. La Asociación de Afectadas y
Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, Asoquimbo, las comunidades
del suroccidente colombiano afectadas por la destrucción del Puente del Paso
del Colegio, y aquellas que con la licencia otorgada a la Emeral-Energy saben
de los daños que esta les provoca, reafirmaron los propósitos de exigir la
realización de la Audiencia
Pública Ambiental y la suspensión inmediata de las licencias ambientales
otorgadas a los mega-proyectos en la región y establecer las responsabilidades
y la cuantificación del daño por la ruptura del Puente del Paso del Colegio.
Finalmente el 17 de enero se reunieron en Bogotá
las partes (Asoquimbo y comunidades de la Plata, Gigante y Garzón, Rios Vivos, ILSA, el
Senador Alexander López, el Representante a la Cámara Hernando Hernández, el Ministerio
del Interior, Procurador delegado de asuntos ambientales, Ministerio del Medio
Ambiente, la gobernadora del Huila). En dicha reunión se suscribió un acta que
consensuaba la realización de siete mesas de control y seguimiento, que el
Ministerio en la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
incumplió y pretendió sabotear con el argumento que pescadores en las riveras
del Magdalena continuaban en Paro, siendo que en dicho documento nada hay
escrito sobre dicha situación.
Sin embargo, las mesas de control y seguimiento
se realizaron con masiva participación de las comunidades y con el interés de
la administración regional de torpedearlas. La Contraloría General nos acompañó
durante todas las mesas y tomó atenta nota. Como resultado de la información y
denuncias suministradas por los afectados se constató la configuración de una “Crisis
Humanitaria” generada por la destrucción de las cadenas productivas, el
desplazamiento estatal, la destrucción de los ecosistemas, el desempleo, las
afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales y la vulneración
de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al
medio ambiente.
Asoquimbo le demostró a la opinión pública que
los compromisos pactados con el Gobierno Nacional en Bogotá fueron honrados de
su parte. Pero no por parte del gobierno nacional. Quedó en evidencia la nula
voluntad del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS de
ejercer el control y seguimiento a los proyectos licenciados a las empresas
transnacionales como Emgesa-Enel y la Emerald Energy, omitiendo su
responsabilidad que debe ser objeto de investigación por la Procuraduría General
de la Nación.
De tal suerte que las comunidades decidieron
retornar al paro regional el 5 de Febrero en desobediencia civil y resistencia
contra el proyecto, exigiendo una Audiencia Pública Ambiental y oponiéndose al
desvío del río Magdalena, en tanto no se aclaren los puntos expuestos por las
comunidades.
El 8 de Febrero, Asoquimbo y el Ministerio del
Interior, redactaron conjuntamente un preacuerdo, que aún no ha sido
firmado, por obstáculos creados por el Ministerio de Ambiente, entre ellos, la
negación a convocar a Audiencia Pública Ambiental, según oficio expedido en la
misma fecha. Asoquimbo lo había advertido el 17 de enero en la sede del MADS,
donde la jefe de Licencias justificara la no convocatoria a la misma por
considerarla un “diálogo de sordos", es decir, de antemano se anticipa a
reconocer que el MADS es sordo frente a las justas reclamaciones de los
afectados pero obedece todas las órdenes de la transnacional Emgesa.
El 9 de febrero radicamos en el Ministerio del
Interior Amparo
Policivo contra Emgesa en defensa de la soberanía sobre el territorio. Y
rechazamos el amparo policivo concedido por el alcalde de Paicol a Emgesa
mediante el cual ordena el desalojo de campesinos y pescadores que realizan su
actividad de manera legítima y legal en su hábitat natural.
El 11 de febrero hizo presencia en las Playas del
río Magdalena, contiguas al Domingo Arias, el Mayor
General Rodolfo Palomino a quien los afectados por el Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo, presentes en el lugar, le informaron sobre la
vulneración de sus Derechos por Emgesa y el MADS y le demostraron que se
encontraban exigiendo el cumplimiento de la Licencia Ambiental en el área
protegida por la Ley, razón por la cual le advirtieron que la orden de desalojo
proferida por el Alcalde de Paicol era una arbitrariedad que estaba colocando
en riesgo su integridad y la de sus familias. El general manifestó que su
visita al lugar obedecía a recolectar información sobre el daño al Puente El
Paso del Colegio para entregarla al INVIAS. Las comunidades esperan que el
General contribuya a impedir el desalojo de su habitat natural.
Asoquimbo
convoca a todas las comunidades y organizaciones sociales a trasladarse de
inmediato al Puente el Paso del Colegio Gigante Huila a impedir el desalojo
arbitrario y el desvío del Río Magdalena por Emgesa como una demostración real
de Defensa de nuestro Territorio.
Hoy sabemos que el Ministerio de Minas y Energía
entregó otras 24.000 hectáreas más al proyecto y no contó con la aquiescencia
de ninguno de sus propietarios. Esto ya se sabía el 17 de enero y el gobierno
no dijo nada, lo que demuestra su falsedad para con las comunidades.
Para mañana, martes 14, el alcalde del Municipio de
Paicol ha dicho que hará efectivo el desalojo de las playas del río
contraviniendo la Constitución y las leyes, en beneficio de Emgesa.
¿De quién es entonces la tierra o, mejor, el
territorio? ¿Del poder ejecutivo que lo feria sin consulta alguna? ¿Sus digantario
y secuaces? O del pueblo de a pié, el que ve cómo sus políticas se ven bonitas
en la televisión (gran manifestación en Necoclí), pero incoherencia total con
los campesinos y pescadores del Huila. Señor Presidente el problema de fondo es
la Tierra. Tierra que no hay para resarcir el daño causado a los más de 500
familias campesinas y 700 de pescadores. Usted lo sabe y Emgesa también. ¿Cómo
pretende usted victimizar otros colombianos? ¿Cómo explica usted, señor
presidente, que el Estado colombiano le permite a Emgesa expropiar los
campesinos colombianos? ¿Qué responde usted?
Ya ni el territorio es nuestro, sobre él deciden
los intereses supremos de la empresa privada y los funcionarios del gobierno
que se hacen los de la vista gorda.
Carlos E. Gómez S.
Playas del Río Magdalena, Gigante Huila, febrero 13
de 2012
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